«La historia de la tierra», John P. Powelson -capítulo sobre la tenencia de la tierra en la Argentina-

La historia de la Tierra —las relaciones de tenencia, evolución histórica y las leyes que se van estableciendo— condicionan el desarrollo actual del territorio en nuestro país.  Bajo la intención de ir descubriendo los complejos vericuetos, en estos últimos tiempos, he buscado y leído libros que nos hablan sobre el tema.

En ese camino, he descubierto: ”The Story of Land” de John P. Powelson como uno de los libros claves en dar respuestas a mis inquietudes. Si bien el libro está dirigido a un contexto global, tiene un capítulo específico referido a la evolución histórica en Argentina dentro del  ámbito de Latino América.

A continuación, a modo de contribución, expongo la traducción (no profesional)  y el texto original en inglés (copiado) de lo referido a nuestro país para aquellos interesados en el tema.

Esperando que sea útil, a continuación el trabajo:

Datos del capítulo referido:

The Story of Land

—La Historia de la Tierra — Una historia mundial de la tenencia de la tierra y la reforma agraria—

John P. Powelson

(Capítulo 19 – Latin America II: Peru, Argentina, y Brazil)

·         The inca, 234

·         Peru, 235

·         Argentina, 240

·         Brazil, 246

·         Conclusion, 254

Argentina  (de páginas 240 a 246)

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Traducción:

Argentina

¿Quién era Rosas? Un terrateniente. ¿Qué acumuló Rosas?  Tierra. ¿Qué le dio a sus seguidores? Tierra. ¿Qué  ha tomado o confiscado de sus adversarios? Tierra. (Sarmiento, citado en Randall 1977:2:48)

Argentina era poco atractiva para los primeros españoles en el siglo XVI. No podían encontrar oro ni plata, y —a diferencia de México y Perú— los indios eran nómadas, con una organización política que  no se adaptaba fácilmente al sistema de hacienda española. Por otra parte, los españoles no podían distinguir en principio las praderas fértiles de las menos. El principal servicio  que la Argentina podría realizar era ser ruta de transporte de la plata de Potosí al puerto de Buenos Aires.

Incluso este servicio fue repudiado oficialmente en 1594, y de nuevo en 1614. La armada española estaba preparada para proteger una ruta comercial solamente, y la seleccionada era entre Cádiz y el Caribe. En esa ruta, la defensa naval poseía la economía de escala suficiente, ya que también servía al Caribe, México y América Central. Se extendió a través de Panamá en mula, y debajo en  la costa de América del Sur hasta Lima/Callao, y de ahí por tierra hasta Potosí. Para proteger su monopolio, y para proteger sus barcos de los atacantes holandeses y portugueses frente a Brasil (no hablaban francés e Inglés), los españoles prohibieron todo envío a Buenos Aires, tanto  los propios como la de otros países.

Pero el transporte a través de Argentina era mucho más barato que la ruta engorrosa de Panamá, y el contrabando de plata tenía la ventaja añadida de evitar el porcentaje solicitado por parte de la Corona. Así que la economía comercial de Argentina creció de todos modos, poco a poco, hasta que fue legitimado por las reformas de los Borbones de 1776, y a partir de ello en forma explosiva.

Desde el comercio ilegal a la cría de ganado la inversión fluyó, y del ganado vacuno paso a la tierra.

Los caballos de Argentina eran descendientes de los originales setenta y dos (o setenta y seis) traídos por Pedro de Mendoza en 1536 y se convirtieron en salvajes cuando la colonia de Nuestra Señora de Santa María de Buen Aire fue abandonada unos años más tarde. Y así fue que el ganado abandonado se  multiplicó por sí mismo en grandes manadas salvajes (Brown 1979:36)

Juan de Garay, descendiendo de Asunción, refundó Buenos Aires en 1580, como defensa contra los portugueses. La tierra alrededor de ella era abundante en los siglos XVII y XVIII, y la tarea era capturar los rebaños. En 1608 el cabildo de Buenos Aires emitió una licencia para cazar ganado salvaje, y llevó a la plena incorporación de vaquerías (caza de ganado) hasta, posteriormente, su plena domesticación. En razón de que los indios nómadas de la pampa no trabajaban. Los españoles trajeron esclavos de África, así como  indios del norte de Argentina y Paraguay.

A finales del siglo XVIII, los ayuntamientos concedían tierras para estancias a sus ciudadanos, junto con marcas de ganado. La tierra fue asignada en grandes extensiones, pero las formalidades (y sobornos) que se requerían para tener títulos claros se convirtió en oneroso de tal forma que sólo unas pocas familias se beneficiaron al principio (Randall 1977:2:13). Las estancias empleaban trabajadores itinerantes  (gauchos), así como esclavos e indios. El ganado vagaba en la pampa sin vallar, y en redadas o rodeos  eran ordenados y marcados. La descripción realizada por Brown (1979:41ff)  de la “Estancia de las Vacas“, en la orilla oriental (actual Uruguay) —aunque una de las más grandes— da fe de la existencia de fuerzas coordinadas  y bien gestionadas.

La política local favoreció a los ganaderos sobre los agricultores. Los precios de los alimentos fueron controlados en beneficio de los consumidores urbanos y exportar productos agrícolas era ilegal. También se prohibió el trabajo mixto de agricultura y ganadería. El ganado vacuno, que  vagaba libremente, destruían  los cultivos. Randall (1977:2:19) cita a Azara, y escribe en  c. 1980:

Los españoles que viven en el país están divididos en  agricultores y ganaderos, o estancieros. Estos últimos dicen que los primeros son unos tontos, ya que si  trataran de convertirse en ganaderos, vivirían  sin trabajo y sin necesidad de comer hierba como los caballos— como hierba llaman  llaman a la lechuga, las verduras, y los verdes—. De hecho, sólo aquellos que no pueden permitirse el lujo de la tierra y el ganado, y por lo tanto no puede convertirse en estancieros, o aquellos que no encuentran otra manera de vivir, cultivan la tierra.

Randall (1977:2:22-23) luego señala la paradoja:

La tierra era un escaso factor de producción para la actividad de los agricultores a pesar de la gran superficie por persona, ya que no podía ser comprada o vendida fácilmente. Los ganaderos individuales, sin embargo, tenían tanta tierra que  podían dejar gran parte inactiva y dedicar el resto para actividades que requieren una gran cantidad de tierra y poca mano de obra. Tales como la ganadería, y, un siglo después, la cría de ovejas y el cultivo de trigo… El costo de la mano de obra se ha dicho en repetidas ocasiones que era alto; todavía los trabajadores estaban a merced de sus señores necesariamente una vez que se establecieron, y, con inteligencia suficiente, se niegan a hacerlo.

La tierra en un contexto político/moral

La sociedad argentina en el momento de la Independencia fue clasificada por la relación con la tierra. Cualquier persona que no posee suficiente tierra para mantenerse a sí mismo se designó como un sirviente, que requiere llevar una tarjeta de identificación emitida por el empresario y validado por el juez de paz. Todos los demás eran vagabundos, sujetos a la conscripción en el servicio civil o el ejército.

La propiedad de la tierra tomó rápidamente un contexto moral de la que nunca se ha liberado. Los terratenientes de hoy en día, o son descendientes de aquellos que obtuvieron las primeras subvenciones o son compradores de ellos.

Dado que estas subvenciones eran grandes, hechas por autoridades cuestionables, a menudo con sobornos y bajo reglas compuestas por ellos  mismos que son los mismos beneficiarios (como por ejemplo la ley de vagancia), la mancha de la corrupción, en la mente de muchos, nunca se ha eliminado.

Se añade a esto el hecho de que los terratenientes del siglo XIX fueron el principal poder político; que las leyes — como aranceles, privilegios y licencias—han favorecido a la industria ganadera a expensas de la industria manufacturera y  (de alguna manera), Buenos Aires  a expensas de las provincias del interior; y la propiedad de la tierra, incluso hoy en día es muy desigual; de todo esto nos encontramos con la mezcla política que da lugar a este tipo de escritos provocativos como el de  Imaz (1964) —Los que mandan— y la rebelión de los estudiantes y otros disturbios civiles en el siglo XX.

Sin embargo, hay otra cara de la historia. Mientras que algunos autores (por ejemplo  Randall 1977:2:22) sostienen que las concesiones de tierras primeras eran excesivas, por lo que unos pocos titulares mantenían mucha tierra ociosa, mientras muchos se quedaron  sin, otros (por ejemplo, Brown 1979:125) afirman que:

La naturaleza dictó dos razones para  la amplitud inicial de los campos. En primer lugar, una vegetación gruesa, poco nutritiva permitía un menor número de cabezas de ganado y hacía que se produjera su eliminación gradual,  también que  las cepas mejores de hierba impedían crecer a las mas cortas . En segundo lugar, una buena estancia necesitaba suficiente tierra para pastos altos y bajos. Los rebaños pastaban los altos en el invierno cuando se inundaban los valles y alternativamente, pastaban las tierras bajas cuando el sol del verano quemaba la hierba en las mesetas. Aunque una legua cuadrada (treinta y un kilómetros cuadrados) de buenos pastos podría soportar hasta 50.000 ovejas en temporadas buenas, no era suficiente para  soportar rebaños de más de 14.000 en los años de escasez de agua. Y la sequía era inevitable.

Los críticos en Argentina han declarado a los ganaderos de ser ineficientes, usando métodos antiguos dado que  su protección política los aislaba  de la necesidad de competir con otros modernos. Estos mismos críticos culpan a los terratenientes por vivir lujosamente en la ciudad, dejando la gestión de las estancias a mayordomos que no conocen de eficiencia económica o de sentimientos humanos. [1]

Mientras Brown (1979) documenta los excesos de los terratenientes y las normas que les han favorecido (no es una percepción selectiva), el  encuentra una sana lógica del comportamiento del hacendados. Por ejemplo, el manejo del ganado se lleva a cabo en gran parte en la ciudad, donde es necesario prepararlo para la venta, el envío, el tratamiento, la exportación de carne y pieles. Documentación con estudios de estancias individuales y censos rurales (más de lo que he visto en los escritos críticos), encuentran que los mayores propietarios eran originalmente empresarios mercantiles que canalizan el capital del comercio en los rebaños de ganado, la forma más eficaz de usar la tierra; que los dueños de la ciudad pasan mucho tiempo en el campo trabajando junto a los vaqueros, y que las decisiones sobre la tecnología generalmente se basan en la cuestión  económica (la última tecnología no debe utilizarse a menos que sea rentable). No es mi propósito debatir estos temas aquí, sólo sirven para señalar que hay dos lados.

De la Independencia a la dictadura de Rosas (1816-1852)

Para 1856, la familia Anchorena eran los terratenientes más grandes de Argentina, poseían 9.582 millas cuadradas en diversas estancias, que fueron operadas como una unidad corporativa (Brown 1979: 174,181). Al igual que muchas otros grandes terratenientes, comenzaron con el comercio, la compra de los envíos de pieles de diversos ganaderos y particulares, y a continuación los preparaban para la carga, ya sea por vía terrestre o fluvial. Al igual que otros,  invirtieron las ganancias en la tierra, y aprovechaban los incentivos ofrecidos por los sucesivos gobiernos argentinos interesados ​​en poblar las praderas y convertirlos en activos económicos.

La primera ley de tierras importante después de la independencia fue promulgada durante los años veinte por Bernardino Rivadavia, líder de la revolución, discípulo de Bentham, defensor del liberalismo/modernismo basado en el modelo europeo;  él poseía influencia desde los primeros años de la década del veinte, entonces fue presidente (1826-1827), en el marco de un gobierno “unitario” de corta duración. Deseoso de una pampa poblada por campesinos, en abril de 1822 Rivadavia prohibió los desalojos de tierras de propiedad estatal hasta que se aprobó la ley de tierras. En julio, se promulgó la ley de enfiteusis, prohibiendo la enajenación de suelo público durante treinta y dos años.

Durante ese período, dejó a los titulares responsables de la tierra mejorarla, en alquiler nominal que podría incrementarse cada ocho años, a medida que el valor de la tierra se incrementara. Al cabo de treinta y dos años, el gobierno podría vender o adjudicar la tierra, preferentemente a los mismos titulares (Randall 1977:2:38). La ley fue ampliada en 1826, con el período de enfiteusis reducidos a veinte años a partir del  1 de enero de 1827. Para promover la agricultura más que la ganadería, los alquileres eran más bajos para los agricultores. En una comparación nostálgica, el autor peruano Basadre (1947:233-234, citado en Ford 1962: 45) escribió que «… en Perú no apareció una ideología como la de Rivadavia que planeó una nueva distribución de la tierra. Facciones agrarias (peruanas) faltaban en las guerras civiles…”

Pero la ideología no estaba muy extendida en Argentina tampoco. Ya en 1827, con Rivadavia derrocado y el país en caos político, el sueño fracasó. Las tierras fueron entregadas en grandes extensiones a las personas sin ninguna intención inmediata para desarrollarlas. Con unas pocas extensiones por un total de 675 kilómetros cuadrados, el promedio fue de 150 a 300 (Brown, 1979: 149). Las tierras fueron distribuidas no sólo a los argentinos criollos, sino a los inmigrantes procedentes de Inglaterra, Alemania y Francia. Randall (1977: 2: 39) sostiene que «‘tan amplia distribución de la tierra, cuando ni capital ni trabajo eran abundante, parecen impedir su desarrollo, especialmente para los cultivos en lugar de ganado.”

La familia Anchorena adquirió más de 864 kilómetros cuadrados bajo las leyes de enfiteusis (Brown, 1979: 150). Al menos algunos de estas estancias, Brown (1979) argumenta, se administraron de manera eficiente por el administrador de Anchorena, Juan Manuel de Rosas. Rosas era el hijo de un rico terrateniente, que había adquirido una considerable cantidad de tierra propia en la Provincia de Buenos Aires y, junto con dos socios, compró un saladero (procesamiento de la carne y de la planta de envío) en Quilmes, en el estuario del Plata, en 1815. Había sido empleado por los Anchorena desde principios de los años veinte. Él preparó instrucciones detalladas para mayordomos, indicando exactamente cómo cuidar el  ganado, como marcarlos, como hacer rodeos para el inventario, disponer de los cadáveres después de la extracción de cualquier valor, y similares (Brown, 1979: 137)

En el caos de 1827-1829, Rosas, desde la base de su propia tenencia de la tierra y su alianza con los Anchorena, y con el apoyo de los criollos y de las clases trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en gobernador de la Provincia. Durante este período, las leyes de enfiteusis de Rivadavia se debilitaron a favor de los terratenientes, con alquileres reducidos y el período de celebración de hecho indefinido. En 1829 las tierras estatales se concedieron de nuevo en  propiedad privada, ahora principalmente a los argentinos en lugar de extranjeros. A aquellos primeros que tenían tierra bajo derecho de la ley de enfiteusis; se sumaron otras tierras  otorgadas a los soldados de Rosas y empleados civiles del gobierno de Buenos Aires. Cuando su período como gobernador expiró en 1832, Rosas, rechazada su reelección, emprendió una guerra contra los indios, en la que conquistó toda la vía hasta el río Colorado y fundó un puesto fronterizo en Bahía Blanca.

Esta campaña abrió vastas áreas nuevas para concesiones de tierras y convirtió a  Rosas en los suficientemente popular como para ser reelegido gobernador en 1835 en sus propios términos —como dictador— un cargo que ocupó hasta su derrocamiento en 1852. La historia conoce Rosas como un tirano sangriento, que sumariamente dispuso de sus enemigos y, extendiendo su poder más allá de la provincia, convirtiendo a la Argentina en feudo virtual.

Las políticas de tierras de Rosas, que se resumen en la cita de Sarmiento al comienzo de esta sección, eran simples. Emitió boletos o reclamaciones rescatables en tierras públicas, a los soldados que le ayudaron a suprimir indios o a sus enemigos políticos (Randall 1977:2:90).

En 1840, se requiere a todos los que aún sostenían tierras bajo enfiteusis validar sus afirmaciones mediante la presentación de la documentación correspondiente. Después de que él había sido depuesto en 1852, se hizo un intento (ley de 1858) que anulaba todas las concesiones de tierra entre el 8 de diciembre 1829 y el 3 de febrero 1852 (obviamente, las que Rosas había otorgado), excepto cuando los títulos existentes habían sido validados o la tierra había sido dada para la lucha contra los indios. Pero esta ley no puede hacerse cumplir, y fue derogada en 1867.

Aún, los terratenientes se generalizaron en la dictadura de Rosas y en adelante. Las propiedades demasiado grandes para ser estancias fueron subdivididas y vendidas por sus propietarios.

Otros fueron divididos por herencia. Muchos soldados, después de cobrar sus boletos, vendieron sus premios en tierras, porque no tenían ni el capital ni el deseo de convertirse en ganaderos.

Aunque no disponemos de datos sobre las existencias en todas partes y, por tanto, es inválida montar una imagen en general, Brown (1979:162) presenta un diagrama de 24.000 kilómetros cuadrados en el distrito de Navarro, que contiene veinticinco estancias en 1830, pero la misma tierra se dividió en setenta y seis estancias en 1864. Brown (1979:200) considera que la difusión de este esquema era típica de la provincia: “Por cada gran terrateniente. . . existían cientos de otros propietarios e inquilinos que poseen menos ventajas de acceso al capital comercial y talentos gerenciales que, sin embargo, iban a contribuir con su producción al creciente comercio básico de Buenos Aires.”

Argentina después de 1862

Argentina es bien conocida por sus políticas de inmigraciones en la segunda mitad del siglo XIX, con oficinas de reclutamiento establecidas en Europa, principalmente en Italia, para atraer mano de obra, principalmente para aumentar la fuerza de trabajo en las nuevas industrias. Menos publicitado es el intento de colonizar la pampa y tres provincias («la mesopotamia «) entre los ríos Uruguay y Paraná, en formas que recuerdan a la alemana Drang  Nasch Osten.

Ya en 1853, el gobernador de Corrientes contrató a un «colonizador» (llamado Auguste Brougness) para asentar familias en tierras públicas válidas en la provincia, a cambio de lo cual recibía terrenos públicos a su nombre o porcentajes de las cosechas de sus colonos (Randall: 1977:2:83).

Este contrato establece un patrón que repite muchas veces. El colono típico recibiría 80 acres, de las que él se convertiría en pleno propietario después de cultivarlas durante un número convenido de años. Los costos iniciales, incluidos los alimentos para la familia, serían prestados por el gobierno, y los colonos eran eximidos de impuestos durante los primeros años.

La colonización continuó durante toda la segunda mitad del siglo —realizado tanto en forma privada o por el gobierno— pero los términos se hicieron más estrictos en cuanto la tierra era más escasa. Con el fin de difundir la tecnología agrícola europea, familias enteras serían traídas de Europa.

Admirador de la Homestead Act de los Estados Unidos y crítico de las políticas de tierras laxas de la Argentina a la fecha, el presidente Nicolás Avellaneda (1874-1880) afirmó que el propósito de Rosas en la venta de tierras públicas había sido utilizado descaradamente para alimentar la tesorería, sin pensar en si las extensiones se utilizarían de forma productiva.  Los compradores,  afirmó, tendían a mantener ociosos las tierras, por falta de mano de obra y capital. Además, él creía que mucha de la tierra sigue en propiedad del Estado.

Favoreciendo la colonización, distribuyó un promedio de 56.115 hectáreas a cada uno de los 198 concesionarios (Randall 1977: 89,225), apenas una progresión hacia la agricultura a pequeña escala! La Provincia de Santa Fe también vendió o alquiló tierra a los colonos, a lo largo del nuevo ferrocarril de Santa Fe a Córdoba. Las políticas agrarias de Avellaneda se convirtieron en una preocupación subordinada, sin embargo, a la lucha que su gobierno realizaba para sobrevivir a la consecuencias de la depresión de 1873 en Inglaterra.

A pesar de las intenciones presidenciales en sentido contrario, tanto las realidades económicas y políticas de finales de siglo de Argentina favorecieron la expansión de las grandes haciendas. En 1876, los terratenientes fundaron la Sociedad Rural Argentina, que ha sido citado muchas veces (por ejemplo, por Imaz 1964) como el principal instrumento mediante el cual la élite latifundista  expresaron su influencia política. El objetivo era mejorar la calidad del ganado —para adaptarse a los gustos europeos— y la tecnología necesaria para su producción. Por ejemplo,  la Sociedad favoreció la mejora de la cría selectiva y las cercas de alambre que hacen esto posible, la alfalfa para la alimentación y los barcos refrigerados.

Con el regreso de la prosperidad, el presidente Julio Roca (1880-1886) se vió obligado a seguir las políticas de tierras de Avellaneda, sin cuyo apoyo probablemente no habría sido elegido. Él ganó  más tierras al ganar las últimas guerras con los indios, en su “campaña del desierto” contra los ranqueles, cuyas lanzas y boleadoras no fueron rival para los modernos  rifles de repetición de los argentinos. El territorio de la provincia de Buenos Aires prácticamente se duplicó.

Pero al igual que Rosas había violado el espíritu de Rivadavia, así también,  Roca abandonó el ideal de Avellaneda de la propiedad generalizada de pequeñas parcelas.

La ley, que se aplica a la recientes tierras conquistada en gran parte árida al sur del Río Negro, preveé subvenciones de 1500 acres, con título para los ocupantes después de cinco años de realizar  mejoras. Pero la árida Patagonia era buena principalmente para la cría de ovejas, y 1,500 acres eran poco; por lo tanto, hubo pocos interesados​​, y la ley se derogó una década y media más tarde. En cambio, la mayor parte de las nuevas tierras fueron otorgadas en compensación  de los bonos emitidos para financiar la campañas de Roca, a razón de una legua cuadrada (más de 6.000 acres) por bono (Randall 1977:2:101).

Más tierras públicas fueron subastados en 1882, presumiblemente no más de 100 mil acres por comprador (a unos pocos centavos por acre). Mediante el uso de familiares y nombres ficticios sin embargo, algunos compradores acumularon mayores cantidades (Randall 1977: 2: 102).

Probablemente la estructura de la tenencia de la tierra en Argentina no ha cambiado mucho desde el final del siglo XX. Randall (1978:92) señala que en 1914, el 38,4% de las explotaciones fue operado bajo arriendo a corto plazo (de tres a cuatro años), en su mayoría en forma de aparcería. Antes de 1937, los inquilinos estaban operando 44,3% de las explotaciones argentinas.

Pero estos son los porcentajes de unidades agrícolas, no de la unidad de tierra. En 1947, sólo el 6,1% de las explotaciones (más de 1.000 hectáreas cada una) ocuparon el 83,9% de la tierra; entre ellas destacan el 1,5%  (más de 5.000 hectáreas), que ocuparon el 42,4% (Randall, 1978: 95). En 1961, el primer informe anual del Social Trust Fund of Inter-American Development Bank  (citado en Powelson 1964: 37) informó que en 1950, el 2% de los terratenientes argentinos manejaban el 60% de la tierra (presumiblemente tierras cultivables o de pastoreo), mientras que el 42% de las fincas estaban en sólo el 1% de la tierra. Al mismo tiempo, el 75% de la población rural no tenia tierras.

El general Juan Domingo Perón, presidente populista entre 1946-1958, llevó a cabo una reforma agraria menor en la que 522.700 hectáreas fueron compradas a los propietarios existentes y se distribuyeron  a 3.218 familias (Randall 1978:96). Estas transacciones probablemente tuvieron poco efecto en los porcentajes globales. Las políticas de Perón fueron principalmente anti-agrícolas y pro-urbanas, con apretones de precios puestos en los agricultores y ganaderos a favor de los trabajadores industrias, que constituían sus principales seguidores. La presión fue tan grande que la producción de carne se redujo drásticamente; los ganaderos sacrificaron su ganado reproductivos porque eran demasiado caros de mantener; y la caída de las exportaciones argentinas agoto las reservas de divisas. Tanto el Ministerio de Hacienda  y la industria ganadera se encontraban al borde de la quiebra cuando Perón fue derrocado.

Los seis informes sobre los avances en material de Reforma Agraria producidos por las Naciones Unidas durante los años 1960 y 1970 tienen poca información sobre Argentina. En el quinto informe nos dice (pág. 336) que el número y tamaño de las explotaciones cambiaron muy poco entre 1952 y 1965.

Conclusiones

La historia Argentina de la tenencia de la tierra difiere mucho de la de México y Perú. En lugar de indios sedentarios con una estructura feudal, los españoles en Argentina encontraron tribus nómadas que podían conquistar más fácilmente, con brutal derramamiento de sangre. En lugar de oro y plata encontraron praderas abiertas, cuyo valor en el pastoreo de ganado se hizo evidente sólo después de la liberación de Buenos Aires para el comercio, a través de las reformas borbónicas al final del siglo XVIII. Desde entonces y hasta el final del siglo XIX, la tierra fue arrebatada a los indios y repartidas por el gobierno a los soldados, los favoritos políticos, y (hasta cierto punto) a los inmigrantes, o a quien quiera comprar.

Los economistas han debatido sobre si Argentina, copia (o se ven obligados a copiar) las políticas de libre comercio de Europa en el siglo XIX, desarrollando  su ventaja comparativa de base en la ganadería, o si esa ventaja comparativa ilusoria fue ganada por la supresión de la fabricación. En general, Brown (1979) toma la primera posición y Randall (1977: vol.2, 1978) la última. Encuentro los argumentos de Brown más persuasivos, en parte porque muestra que el sesgo contra la fabricación, especialmente en las provincias del interior, era en gran medida un mito —éstas se expandieron a lo largo de Buenos Aires— y en parte porque la industria ganadera ha demostrado ser resistentes frente a la política gubernamental tan errática, a veces a favor y otras no.

Los argumentos de Imaz (1964), que los ganaderos siempre han estado entre la élite gobernante, tienen sentido, al menos, hasta la Primera Guerra Mundial, pero ciertamente no cuando se extiende a la era de Perón, en que la política era claramente contra las estancias y la agricultura.

Las dificultades que han afectado a la Argentina en el tiempo —desde la mayor inflación del mundo durante los años setenta y principios de los ochenta, la creciente deuda externa, el estancamiento de la economía— tienen más que ver con otros eventos, como la guerra de las Malvinas, el gasto gubernamental derrochador y endeudamiento imprudente en el extranjero, que lo que hacen con la tierra.

A medida que la industria ha aumentado (no siempre de manera eficiente), la tierra y la ganadería han pasado a segundo plano. Todas estas diferencias probablemente excluyen una importante reforma agraria del siglo XX como las que han ocurrido en México y Perú.

Referencias:

Randall, Laura, 1978: “An Economic History of Argentina in the Twentieth Century”, New York, Cambridge, University Press.

Imaz, José Luis, 1964: “Los que mandan”; New York, State University of New York Press.

Brown, Jonathan C., 1979: “A socio economic History of Argentina 1776-1860”, New York, Cambridge, University Press.

[1] Si bien estas críticas son ampliamente tratadas en la literatura, los citadas aquí son a partir de numerosas conversaciones que he tenido con los estudiantes de izquierda en Argentina. Estas conversaciones surgen de conferencias en las universidades de Buenos Aires y Córdoba y de haber participado en seminarios y conversado individualmente con los estudiantes en muchas ocasiones.

Conversión de unidades:

1 Milla cuadrada: 259 Hectáreas : 2,59 kilómetros cuadrados

1 Acre: 4046.85642 metros cuadrados

Texto en inglés copiado del libro original

Argentina
Who was Rosas? A landowner. What did Rosas accumulate? Land. What did he give to his supporters? Land. What did he take or confiscate from his adversaries? Land. (Sarmiento, cited in Randall 1977:2:48)

Argentina held little attraction to the first Spaniards, in the sixteenth century. They could find no gold or silver there, and —unlike in México and Perú — the Indians were nomadic, with a polity not readily adapted to the Spanish hacienda system. Furthermore, the Spaniards could not at first distinguish the fertile grasslands from the less fertile.  The major service that Argentina might perform was as a transport route for the silver from Potosí to the harbor at Buenos Aires.

Even this service was officially repudiated in 1594, and again in 1614. The Spanish navy was wrong enough to protect only the one trade route, and one selected was between Cádiz and the Caribbean. On that route, defense possessed economies of scale, for it  also served the Caribbean, Mexico and Central America. It was extended across Panama by mule, and down the coastline of South America to Lima/Callao, hence overland to Potosí. To protect its monopoly, and to safeguard its ships from Dutch and Portuguese attackers off Brazil  (not to speak of French and English), the Spaniards banned all shipping to Buenos Aires, both their own and that of other countries.

But transport across Argentina was much cheaper than the cumbersome Panama route, and contraband silver has added advantage of avoiding the percentage claimed by the Crown. So the trading economy of Argentina grew anyway, slowly until it was legitimated by the Bourboun reforms of 1776, then explosively.

From ilegal commerce to cattle the investiment flowed, and from cattle to land.

Argentina horses were descended from the original seventy two or seventy six brought by Pedro de Mendoza in 1536 and left to run wild when the colony of Nuestra Señora de Santa María de Buen Ayre was abandoned a few years later.

Abandoned cattle likewise multiplied into vast wild herds (Brown 1979:36).

Juan de Garay, descending from Asunción, refounded Buenos aires in 1580, as defense against Portuguese. Land around it was abundant in the seventeenth and eighteenth centuries, and the task was to capture the herds. In 1608 the cabildo of Buenos Aires issued a license to hunt wild cattle, and from the on vaquerias (cattle hunts) led to their full domestication. Since the nomadic Indians of the pampa would do no work, the Spaniards imported slaves from Africa, as well as Indians from the northern Argentina and Paraguay.

By the end of the eighteenth century, town councils were granting lands for estancias to their citizens, along with cattle brands. Land was allocated in very large tracts, but the formalities (and bribes) required for clear title became onerous that only a few families benefited at first (Randall 1977:2:13). Ranches employed itinerant laborers (gauchos) as well as slaves and Indians. Cattle roamed the unfenced pampa, periodically rounded up at rodeos, where they were sorted by brands.  Brown´s (1979:41ff) description of the Estancia de las Vacas on the East Bank (now Uruguay) —although it was the largest— testifies to the existence of tightly-knit, well-managed units.

Local politics favored ranchers over farmers. Food prices were controlled for the benefit of urban consumers, and exporting farm goods was illegal. Mixed farming and ranching was also prohibited. Cattle, wandering freely, destroyed cultivation. Randall (1977:2:19) quotes Azara, writing c. 1980:

The Spaniards who live in the country are divided into farmers and ranchers, or estancieros. The latter say that the former are foolish, since if they were to become ranchers, they would live without labor and without needing to eat grass like horses — for so they call lettuce, vegetables, and greens. In fact, only those who cannot afford land and livestock,  and thus cannot become estancieros, or those who find no other way of living cultivate the soil.

Randall (1977:2:22-23) herself then notes the paradox:

Land was scarce factor of production for farmers activity despite the large área per person because it could not be readily bought and sold. Individual ranchers, however, had so much land  that they  could leave much of it idle and devote the rest to activities requiring a great deal of land and little labor. Such as cattle raising, and, a century later, sheep farming and wheat growing… The cost of labor was repeatedly said to be high: yet laborers were necessarily at the mercy of their storekeepers-landlords once they settled down, and, intelligently enough, they refuse to do so.

Land in a Moral/Political Context
Argentina society at Independence was classified by relation to land. Anyone not owning enough land to sustain himself was designated a servant, who was require to carry an identification card issued by his employer and validated by the justice of the peace. All others were vagabond, subject to conscription into civil service or the army.

Landholding quickly took on a moral context from which it has never liberated itself. Present-day landholders either are descendants of those who obtained the early grants or are purchasers from them.

Since these grants were large, made by questionable authorities, often with bribes and under rules composed by those who would themselves benefit (such as the law on vagrancy), the taint of corruption has, in the mind of many, never been removed.

Add to this the fact that in the nineteenth century landholders were  the main political power; that laws – such as tariffs, privileges, and licenses- have favored the cattle industry at the expence of manufacturing and (some way) Buenos aires at the expence of interior provinces; and the land ownership even today is highly skewed; from all this we find the political mix giving rise to such provocative writings as Imaz (1964) –Los que mandan (Thos who rule)- and student rebellión and  other civil unrest in the twentieth century.

Yet there is another side to the story. While some authors (e.g. Randall 1977:2:22) argue that early land grants were excessive, so that a few holders kept much land idle while many went without, others (e.g., Brown 1979:125) assert that Yet there is another side to the history.

While some authors (e.g. , Randall 1977:2:22) argue that early land grants where  excessive, so that a few holders kept much land idle while many went without, others (e.g. , Brown 1979:125) assert that

Nature thus dictated two reasons for the initial largeness of individual ranches. First, coarse, unnourishing vegetation supported fewer numbers of livestock until its gradual elimination allowed the succulent, shorter strains of grass to grow  through. Second, a good estancia needed enough land for both high and low pastures. Herds grazed the high and the Winter when the valleys were flooded and alternately grazed the lowlands when the summer sun scorched grass on the tablelands. Although one square league (thirty-one square kilometers) off good pasturage might support as many as 50.000 sheep in good seasons, it was hardly sufficient to support flocks numbering more that 14.000 through years of water shortage. And drought was inevitable.

Critics in Argentina have declared ranchers to be inefficient, using its methods because their political protection isolated them from the competitions would have induced modern ones. These same critics fault landowners for living luxuriously in the city, leaving ranch management to mayordomos not known for either economic efficiency or human feelings. [1]

While Brown (1979) documents the excesses of landowners and rules that have favored them (he is not selectively perceptive); he also finds sound logic to ranchowners’ behavior. For example, cattle management takes place largely in the city, where it is necessary to tend to the sale, shipment, treatment, an export of meat, and hides. Documenting with studies of individual ranches and rural censuses (more so than I have seen in the critical writings), he finds that the largest landowners were originally merchant entrepreneurs who ( channeled capital from commerce into cattle herds, the most effective way of us ing the land; that city-dwelling owners do spend much time on the ranch working alongside the cowhands; and that decisions on technology are usually based on sound economics (the latest technology should not be used unless it is cost- effective). It is not my purpose to debate these issues here, only to point out that they have two sides.

 

From Independence trough the Rosas Dictactorship (1816-1852)
By 1856, the Anchorena family were the largest landholders in Argentina, owning  9,582 square miles in various estancias, which were operated as a corporate unit (Brown 1979:174,181). Like many other large landholders, they began with trade, buying shipments of hides from diverse ranchers and individuals, then preparing them for loading for either overland or river traffic. Like others, they invested profits in land, taking advantage of the incentives offered by successive Argentine governments interested in settling the prairies and converting them into economic assets.

The first major land law after independence was promulgated during the twenties by Bernardino Rivadavia, leader of the revolution, disciple of Bentham, proponent of  liberalism/modernism based on the European model; he was in semicontrol from the early twenties, then president, 1826-1827, under the short-lived “unitarian» government. Desirous of a peasant-populated pampa, in April 1822 Rivadavia forbad evictions from state-owned lands until a land law was passed. In July, he promulgated a law of emphyteusis, forbidding the alienation of public land for thirty-two years.

During that period, it would be let to holders responsible for improving it, at nominal rents which might be increased every eight years as land values rose. At the end of thirty-two years, the government might sell or award the land, preferably to the same holders (Randall 1977:2:38). The law was extended in 1826, with the period of emphyteusis reduced to twenty years from January 1, 1827. To promote agriculture more than ranching, rents were lower for cultivators. In a wistful comparison, Peruvian author Basadre (1947:233-234, cited ill Ford 1962:45) wrote that »in Peru there did not appear an ideology like that of Rivadavia that planned a new distribution of land.

Agrarian factions were missing in the peruvian) civil wars . . .»

But the ideology was not widespread in Argentina either. Already by 1827, with Rivadavia overthrown and the county in political chaos, the dream backfired. Lands were handed out in large tracts to persons with no immediate intention to develop them. With a few tracts amounting to 675 square kilometers, the average was 150-300 (Brown 1979:149). Lands were distributed not only to Creole Argentines but to immigrants from England, Germany, and France. Randall (1977:2:39) argues that »such extensive distribution of land, when neither capital nor labor was abundant, would seem to preclude its development, especially for crops rather than cattle.”

The Anchorena family acquired over 864 square kilometers under the emphyteusis laws (Brown 1979:150). At least some of these ranches, Brown (1979) argues, were efficiently administered by the Anchorena manager, Juan Manuel de Rosas. Rosas was the son of a wealthy landowner, who had acquired considerable land of his own in the Province of Buenos Aires and, together with two partners, bought a saladero (meat processing and shipping plant) in Quilmes, on the Plata estuary, in 1815. He had been employed by the Anchorenas since the early twenties. He prepared detailed instructions for mayordomos, stating exactly how to tend the cattle. brand them, round them up for inventory, dispose of carcasses after extracting whatever value remained, and the like (Brown 1979:137)

In the chaos of 1827-1829, Rosas, from the basis of his own landholding and his alliance with the Anchorenas, and with support from the Creole and working classes of  Buenos Aires, became governor of the Province. During this period, Rivadavia’s emphyteusis laws were weakened in favor of the landholders, with rents reduced and period of  holding made indefinite. In 1829 state lands were again granted in private ownership, now mainly to Argentines rather than foreigners. Those who held under emphyteusis had first rights to their lands; other lands were granted to Rosas’ soldiers and civilian employees of the government of  Buenos Aires. When his period as governor expired in 1832, Rosas, turning down re-election, undertook a war against the Indians, in which he conquered all the way to the Colorado River and founded a frontier post at Bahia Blanca.

This campaign opened vast new areas to land grants and made Rosas sufficiently popular to be re-elected governor in 1835 on his own terms- as dictator-a position he held until his overthrow in 1852. History knows Rosas as a bloody tyrant, who summarily disposed of his enemies and, extending his power beyond the Province, ran Argentina as a virtual fief.

Rosas’ land policies, summarized in the quotation by Sarmiento at the beginning of this section, were simple. He issued boletos, or claims redeemable in public land, to soldiers who helped him suppress Indians or his political enemies (Randall 1977:2:90).

In 1840, he required all those who still held under emphyteusis to validate their claims by presenting boletos. After he had been deposed in 1852, an attempt was made (law of 1858) to nullify all land grants between December 8, 1829 and February 3, 1852 (obviously, the Rosas grants), except where existing titles had been validated or land given for fighting Indians. But this law could not be enforced, and it was repealed in 1867.

Still landownings became more widespread doing Rosas’ dictatorship and thereafter.  Properties too large to be ranched by their owners were subdivided and sold.

Others were split with inheritance. Many soldiers, after cashing their boletos, sold their land awards, not having either the capital or the desire to become ranchers.

Although we do not have data on holdings  everywhere and hence can assemble overall picture, Brown (1979:162) presents  a diagram of  24,000 square kilometers  in District of  Navarro, which conteined  twenty-five ranches in 1830, but the ; land was divided into seventy-six ranches by 1864. Brown (1979:200) finds that diffusion was typical of the Province: “For every great landowner . . . there existed hundreds of other proprietors and renters possessing fewer advantages of access to commercial capital and managerial talents who, nevertheless, were to contribute their production to the growing staple trade of  Buenos Aires.»

Argentina After 1862

Argentina is well known for its immigrations policies in the latter half of the nineteenth century, with recruitment offices set up in Europe, principally in Italy, to attract labor, primarily to increase the work force in new industries. Less publicized is the attempt to colonize the pampa and the three provinces ‘ (“mesopotamia») between the Uruguay and Paraná rivers, in ways reminiscent of the German Drang Nach Osten .

As early in 1853, the governor of Corrientes contracted  with a “colonizer» (named Auguste Brougness) to settle families on certainty public lands in the province, in return for which he would receive either some public land in his own name or percentages the harvests of his colonists (Randall 1|7 2 :83). This contract set a pattern which repeated many times. The typical settler would receive 80 acres, of which he would become full owner after cultivating them for an agreed number of years. Initial costs, including food for the family, would be loaned by the government, and settlers were excused from taxes for the first few years.

Colonization continued throughout the latter half of the century- undertaken both privately and by the government- but the terms became more stringent as land became more scarce. In order to spread European agricultural technology, whole families would be imported from Europe.

An admirer of the Homestead Act of the United States and a critic of Argentina’s lax land policies to date, President Nicolas Avellaneda (1874-1880) argued that Rosas’ purpose in selling public lands had been blatantly to feed the treasury, with no thought to whether the tracts would be productively used. The purchasers, he averred, tended to keep them idle, for want of labor and capital. Furthermore, he believed that too much land was still owned by the state.

Stressing colonization, he distributed an average of 56,115 hectares each to 198 concessionaires (Randall 1977:89,225), hardly a progression toward small-scale farming! The Province of Santa Fe also sold or rented land to colonists, along the new railroad from Santa Fe to Córdoba. Avellaneda’s land policies became a subordinate concern, however, as his government struggled to survive in the face of the depression of 1873 in England.

Presidential intentions to the contrary, both the economic and political realities of late-century Argentina favored the expansion of large ranches. In 1876, landowners founded the Sociedad Rural Argentina, which has been cited many times (for exemple, by Imaz 1964) as the principal instrument by which the landed elite expressed their political influence. The purpose was to improve both the quality of cattle – to suit European tastes- and the technology of producing them. For example, the society favored improvements in selective breeding and the wire fences that would make that possible, alfalfa for feed, and refrigerated ships.

With the return of prosperity, President Julio Roca (1880-1886) felt obliged to continue the land policies of Avellaneda, with out whose support he would probably not have been elected. He gained even more land by winning the last of the Indian wars, in his desert campaigns against the Ranqueles, whose lances and bolas were no match for the modern repeating rifles of the Argentines. The territory of Buenos Aires Province was virtually doubled.

But just as Rosas had violated the spirit of Rivadavia, so also Roca abandoned Avellaneda’s ideal of widespread ownership of small plots.

The law, which applied to the newly conquered, largely barren land south of the Rio Negro, provided for grants of 1,500 acres, with title to occupants after five years with improvements. But barren Patagonia was good mainly for sheep-raising, and 1,500 acres were not enough; hence there were few takers, and the law was repealed a decade and a half later. Instead, most of the new lands were awarded in redemption of  bonds issued to finance Roca’s campaigns, at the rate of one square league (more than 6,000 acres) per bond (Randall 1977:2:101).

More public lands were auctioned in 1882, presumably no more than 100,000 acres per purchaser (at a few cents an acre). By using relatives and fictional names however, some purchasers amassed greater quantities (Randall 1977:2:102).

Probably the landholding structure in Argentina has not much changed since the turn of the twentieth century. Randall (1978:92) reports that in 1914, 38.4% of farms was operated under short-term (three-to-four-year) leases, mostly on a sharecropping basis. By 1937, tenants were operating 44.3% of Argentine farms.

But these are percentages of farm units, not farm land. In 1947, only 6.1% of the farms (over 1,000 hectares each) occupied 83.9% of the land; included among these were 1,5% (over 5,000 hectares), which occupied 42.4% (Randall 1978:95). In 1961, the First Annual Report of the Social

Progress Trust Fund of the Inter-American Development Bank (cited in Powelson 1964:37) reported that in 1950, 2% of Argentine landowners held 60% of the land (presumably cultivable or pasture land), while 42 % of the farms were on only 1% of the land. At the same time, 75% of the rural population held no land at all.

General Juan Domingo Perón, populist president from 1946 to 1958, undertook a ‘ minor land reform in which 522,700 hectares were bought from existing owners and distributed to 3,218 families (Randall 1978: 6|6). These transactions probably had little effect on overall percentages. Pertains policies were mainly anti-agricultural and pro- urban, with price squeezes put on farmers and ranchers in favor of industrial workers, pertains major constituency. The squeeze was so great that meat production fell drastically; ranchers slaughtered their reproductive cattle because they were too expensive to keep; and the fall in Argentine exports depleted foreign exchange reserves. Both the treasury and the cattle industry were on the verge of bankruptcy when Perón was overthrown.

The six reports on Progress in Land Reform produced by the United Nations during the 1960s and 1970s have little information on Argentina. The Fifth Report does tell us (p. 336) that the number and size of farms changed but little between 1952 and 1965.

 

Conclusion
Argentine landholding history has differed greatly from that of Mexico and Peru. Instead of settled Indians with an already accomplished feudal structure, the Spaniards in Argentina found nomadic tribes which they could more easily conquer, with brutal bloodshed, than eased. Instead of gold and silver they found open prairies, whose value in cattle herding became apparent only after the freeing of Buenos Aires for trade, through the Bourbon reforms at the end of the eighteenth century. From then to the end of the nineteenth, land was seized from the Indians and parceled out by the government to soldiers, political favorites, and (to some extent) to immigrants, or to whoever would buy.

Economists have debated whether Argentina, copying (or being forced to copy) European free trade policies in the nineteenth century, did indeed develop on the basis of  its comparative advantage in ranching, or whether an illusory comparative advantage was gained by the suppression of manufacturing. In general, Brown (1979) would take the former position and Randall (1977: vol.2; 1978) the latter. I find Brown’s arguments  more persuasive, partly because he shows that the bias against manufacturing, especially in the interior provinces, was largely myth -these did expand along Buenos Aires- and partly because the ranching industry has proved so resilient in the face of erratic government policy, sometimes favoring it and sometimes not.

The arguments  of  Imaz (1964), that ranchers have always been among the elitist rulers, make sense at least until World War 1, but certainly not when extended to the Perón era,  in which policy was clearly anti-ranch, anti-agricultural.

The difficulties that have beset Argentina since that time -the world’s greatest  inflation during the seventies and early eighties, mounting foreign debt, stagnating economy-have more to do with others events, such as the Falklands war, profligate government spending and reckless borrowing abroad, than they do with the land.

As manufacturing has increased (not always efficiently), land and ranching have taken a back seat. All these differences probably exclude a major land reform of the twentieth century like those that have occurred in Mexico and Peru.

 

[1] While these criticisms have been widely in the literature, the ones cited here are ha numerous conversations l have had with left-wing students in Argentina, as I have lectured in the universities in Buenos Aires and Córdoba and have participated in student Seminars and Conversed individually with students on many occasions.

Nota final

La traducción de este texto presentó dificultades. Solicitamos a nuestros lectores mas avezados sepan disculpar los errores, además, les pedimos nos hagan llegar las correcciones que nos permitan mejorar su traducción.